República Dominicana tiene más de cinco décadas con un crecimiento económico por encima de un 5%, pero sin convertirse en  desarrollo económico porque se concentra cada vez más y crea inequidad social y empobrece a las grandes mayorías nacionales. “En el 1998 las 100 mil personas más ricas del país recibían el 34% del ingreso y en 2024, 26 años después, esas personas recibían el 55% del ingreso” (véase declaraciones del Lic. Apolinar Veloz, periódico Hoy, sección Economía, de fecha 22 de octubre de 2024, página 12), lo que demuestra la tendencia constante hacia la concentración de las riquezas y a la creación de las desigualdades, que se da por las siguientes causas:

1)  La baja carga tributaria, entre 12 a 13% del PIB, que no provee suficientes recursos al Estado para mejorar sus operaciones, en especial, aumentar  el gasto social.

2) El uso irracional de los recursos públicos por los diferentes gobiernos, que no priorizan el gasto público en servicios fundamentales: salud, educación, seguridad ciudadana, servicios públicos de calidad, infraestructura para el desarrollo, medio ambiente, entre otros.

3) El manejo clientelar por parte de los gobiernos de los recursos públicos, con acciones de corrupción y clientelares, que general excesivos crecimientos de los gastos en servicios personales y la fijación privilegiada de altos sueldos a funcionarios. El gasto público creció en más de 400% en los últimos 30 años, también lo hizo el presupuesto nacional, que pasó de aproximadamente unos  200 mil millones en el 2000 a más de 1.4 trillones de pesos en el 2924.

4). Una composición tributaria injusta, desigual, regresiva, que descansa en más del 75% en impuestos indirectos, cargados al consumo, quitándoles escasos ingresos a la clase media y a los pobres (asalariados, chiriperos y desempleados). Tributación que favorece las exenciones, subsidios y las evasiones y elusión fiscales.

5). Una política salarial injusta, que fija los salarios por el costo de la canasta familiar, pero sin llegar nunca a igualarla, en vez de ponerlos en función de la productividad de los trabajadores para que se aumenten los salarios reales y no los nominales, y todos los niveles salariales y no sólo el salario mínimo, tal y como  ahora se negocia en la Secretaría de Trabajo entre los tres sectores que intervienen cada año o dos años. Al 2024 más del 75% de los trabajadores formales ( 2,213,000) gana menos de 25 mil pesos mensuales, y el costo de la canasta familiar está por encima de 45 mil pesos y en el Gran Santo Domingo sobrepasa los 50 mil pesos. El 56% de los trabajadores ( para un total de 5,029,347, a octubre/2024) es informal y gana al mes un promedio inferior a 15 mil pesos y no tiene seguridad social.

6). La no existencia de la libertad sindical en el país, en violación del Código de  Trabajo y de los convenios internacionales de la OIT, lo que les impide a los trabajadores formales la negociación colectiva de sus condiciones de trabajo, y por lo tanto, la posibilidad de obtener cada cierto tiempo mejoras salariales  y condiciones laborales favorables. Sólo el 10% de los trabajadores formales está sindicalizado, y ni los sindicatos, ni las centrales sindicales, ni las autoridades de la Secretaría de Trabajo imponen el cumplimiento de la libertad sindical, el respeto a las leyes laborales, que se viola en los principales sectores y empresas (privadas y públicas) productivos del país.

Para que en República Dominicana exista desarrollo económico y no crecimiento, tal y como es ahora, se necesita la superación de las seis  causas señaladas anteriormente. Al margan de un plan gubernamental, que se proponga atacar y superar las verdaderas causas que producen las desigualdades sociales en el país, no se producirás los cambios verdaderos que se necesitan. Las políticas públicas se deben elaborar e implementar en esa dirección correcta y necesaria para superar la pobreza y la inequidad social. Al margen de esa orientación correcta, solo se cosecharán fracasos