Un grupo de líderes empresariales de la nación subrayaron la importancia de mantener incentivos y exenciones fiscales para proteger a sus sectores y promover el desarrollo económico del país, al referirse al proyecto de Modernización Fiscal propuesto por el presidente Luis Abinader con el objetivo de recaudar 122 mil millones de pesos.

Los empresarios presentaron sus preocupaciones y perspectivas sobre las propuestas fiscales del presidente Luis Abinader, durante un encuentro con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
La propuesta podría entrar en vigencia a principios de 2025, coincidiendo con la conclusión del acuerdo DR-Cafta, lo cual tendría un impacto negativo en el sector productivo nacional, según el presidente de la AIRD, Julio Brache.

Brache solicitó que se mantengan incentivos fiscales para los industriales dominicanos con el fin de competir con industrias más grandes como las de Estados Unidos y modernizar su aparato productivo. Estos incentivos facilitarían la creación de empleos y contribuirían al Producto Interno Bruto (PIB).

En tanto que, David Llibre, presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), subrayó la importancia del turismo para la economía del país e instó a los legisladores a considerar exenciones y beneficios fiscales para continuar atrayendo inversiones en un sector que, tras los embates de la pandemia, ha mostrado signos de recuperación pero sigue siendo vulnerable a cambios abruptos en la política tributaria.

“La eliminación de estos incentivos podría tener un efecto devastador en nuestra capacidad para atraer turistas y generar empleos,” señaló Llibre.

Issachar García, presidente de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), advirtió que la reforma podría dificultar la generación de empleo y la productividad en las PYME.

“Las pequeñas y medianas empresas ya enfrentan muchos desafíos. Aumentar la carga fiscal podría ahogar a muchas PYME y afectar la generación de empleo. Necesitamos un marco fiscal que apoye, no que obstaculice, a las PYME” indicó García.

El pasado lunes, la comisión recibió a Jochy Vicente, ministro de Hacienda, quien fue escuchado por 81 diputados que se dieron cita a la Cámara Baja, quienes les plantearon sus inquietudes sobre el tema.

Francisco Paulino, presidente de la Comisión de Hacienda dijo que continuará escuchando a los distintos sectores para evaluar el impacto de la reforma fiscal.

El ahorro en la reforma fiscal

La Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (Abancord) manifestó hoy su preocupación sobre la carga tributaria que el proyecto de reforma fiscal, actualmente en discusión, impondría a los ahorrantes a través de los intereses generados por sus depósitos.

La presidenta de Abancord, Cristina de Castro, advirtió que un gravamen de este tipo podría desincentivar el ahorro, afectando negativamente el crecimiento económico del país.

“Los ahorros de nuestros ciudadanos representan la base sobre la cual se construyen las inversiones que promueven el desarrollo sostenible. Un impuesto sobre los intereses, que ya pagan un 10%, desestimula esta práctica esencial para la economía dominicana”, afirmó De Castro al referirse el proyecto del presidente Luis Abinader.

Conep pide mantener la competitividad

Celso Juan Marranzini, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), expresó su preocupación por las señales contradictorias del Gobierno en relación con el desarrollo económico del país. “El Gobierno necesita enviar un mensaje claro sobre su compromiso con el crecimiento económico. Las señales contradictorias que hemos visto hasta ahora son preocupantes. Solicitamos que se mantengan las exenciones fiscales necesarias para la competitividad de nuestras industrias,” afirmó Marranzini.

Los empresarios argumentaron que la propuesta fiscal contiene medidas que afectarían la competitividad del país. El presidente del Conep, Celso Juan Marranzini, puntualizó que el proyecto de reforma fiscal debe tomar en cuenta la capacidad de las empresas para generar empleos y la garantía de las inversiones en el país. Marranzini apoyó la apertura al diálogo encabezada por el Congreso y el Gobierno para que la reforma fiscal no sea aprobada y promulgada tal y como fue remitida a los legisladores. Los sectores empresariales, turísticos e industriales están de acuerdo con la propuesta de reforma fiscal, pero solicitan que la eliminación de las exenciones tributarias sea gradual y no abrupta.